Se ha publicado recientemente «Un país posible». Libro elaborado por una treintena de relevantes especialistas que ofrecen «un manual de reformas políticamente viables», mediante las cuales España se ponga, de una vez, a la cabeza de la educación, la economía y el progreso mundial. Pero «la mejora de cualquier proceso implica recopilar datos, analizar posibles problemas, experimentar con posibles soluciones, implementarlas y evaluar el nivel del progreso alcanzado». Y éste es “un hueso duro de roer” para los administradores que gestionan la cosa pública.
Centrándonos en la educación, vemos que los informes internacionales, PIRLS y PISA, señalan que el sistema educativo sigue sin despegar. Y no va a despegar con una inyección de 500 millones de euros, como anuncia el presidente del Gobierno, sino que hay que «cambiar de una cultura de la opacidad, en la que el sector educativo vive cómodamente, a una cultura de la evaluación en la que fluya la información y todos los sectores comprendan las consecuencias de sus acciones», escribe L. Cortázar. Y, efectivamente, la educación es el sector donde reina el mayor oscurantismo. La izquierda ha sido siempre reacia a evaluaciones o reválidas de carácter autonómico o nacional, que nos ofrezcan el estado real de la formación. Aunque la LOMLOE establece una evaluación nacional con carácter de diagnóstico, y también autonómica a mitad de la etapa de primaria y se secundaria, aún no se han realizado. Pero la Administración dispone de datos sobrados para analizar el estado de la educación y buscar soluciones. Las pruebas de Selectividad ofrecen un registro del nivel de los alumnos de bachillerato en todas las asignaturas, así como de los Centros de donde proceden. Conocen la nota media que traen del instituto, así como la calificación de la prueba. Pero siempre se ha evitado hacer públicos los resultados, para no desprestigiar a los Centros que obtienen peores resultados. Además, al estar informatizados expedientes de todos los alumnos, la Administración dispone de la información que necesite para la toma de decisiones. Pero falta mentalidad empresarial para la optimización permanente de resultados.
La selección, formación y evaluación del profesorado es clave para aspirar a un sistema educativo de calidad, como tienen Canadá, Finlandia Japón o Corea. Pero ningún Gobierno se ha atrevido a legislar en este ámbito, ni a pactar una Ley de Educación que no esté basada en la ideología y en la polarización política, y que pueda ser duradera, con sólo los cambios que los avances científicos, tecnológicos y laborales vayan exigiendo. Es cierto que el PSOE no ha llegado a gastar en educación el 5% del PIB, que exigía al PP. Pero no todo es dinero. Se trata también de buena gestión, de analizar el proceso educativo y los resultados, de ver qué profesiones demanda la sociedad, para tomar las decisiones pertinentes. Sacarse de la “chistera” 500 millones del contribuyente para intentar paliar el fracaso en las materias troncales de la educación es un brindis al sol. Es reconocer que la LOMLOE tampoco funciona, y tomar por tontos a los ciudadanos y a los docentes.
Publicado en IDEAL de Granada el domingo 4 de febrero de 2024