En estos momentos de confinamiento, en que se nos edulcora la existencia con aplausos vespertinos, con decorado infantil en las televisiones y con moral rigorista que sanciona a los transgresores para satisfacción de los «inmovilizados», se está generando una preocupante duda acerca de la capacidad de gestión de nuestro Gobierno. Dudas en cuanto a la toma de decisiones sobre la pandemia; dudas sobre la gestión sanitaria; dudas en cuanto a la desatención en las residencias de mayores; dudas sobre la desastrosa compra de EPIS, tanto para el personal de la Sanidad como para el resto de la sociedad. Dudas que inducen a pedir responsabilidades penales a los responsables de Sanidad por las muertes, por el gasto en material fraudulento, por las posibles comisiones a intermediarios “fantasma”… Es evidente que estamos viviendo una situación muy difícil de gestionar; pero, el apresamiento y el amordazamiento de los ciudadanos, la actuación «manu militari» en lo social y en lo legislativo no son el método más adecuado.
En medio de esta desazón, sin horizonte a la vista, leo en Costa Digital.es: «El Ayuntamiento de Almuñécar condenado a pagar más de 2 millones de euros por convenios ilegales firmados en 2006. La Sentencia ha sido dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Granada con motivo de los Convenios de Gestión ilegales firmados por el ex alcalde Juan Carlos Benavides». Ahora los vecinos de Almuñécar deben pagar diez mensualidades de 200.000 euros por la irresponsabilidad de un ex-alcalde al que sigue votando un 33% de la población. ¡Tal vez se lo merezcan!
Cuando se incurre en ilegalidades de este tipo, deben ser los responsables políticos quienes asuman los gastos, y no «mutualizar» la sanción, haciendo que los ciudadanos carguemos con las consecuencias de su ineptitud o perversión. Aplaudimos la solicitud del Gobierno para que el resto de Europa sufrague nuestra quiebra económica. Pero, si preguntamos a los alcaldes que han gestionado bien sus municipios, si están dispuestos a desprenderse del “superávit” que el Estado les va a arrebatar, seguramente dirán que no. Igual que sus vecinos. ¿Insolidaridad? Tal vez, sí. Tal vez, no. ¿Sancionamos a la mala o a la buena gestión?
Lobres, 20 de Abril de 2020